Hace unas semanas, el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española manifestó una cierta angustia en relación a la purga que, de forma arbitraria y constante, se ha venido produciendo por parte del gobierno turco contra jueces, fiscales, abogados, profesores, médicos y periodistas, a raíz del intento fallido en julio de golpe de Estado. Por esa razón, solicitó a la Unión Europea que se revocasen los acuerdos suscritos con el estado que tuviesen que ver con la devolución de personas refugiadas, debido a que en las circunstancias actuales no puede considerarse a Turquía como un país seguro.

Fue la presidenta de la Abogacía Española, la encargada de dirigir al presidente de la Comisión Europea la carta de petición de revocamiento o suspensión del acuerdo que se había firmado en marzo del presente año, buscando con ello que los refugiados trasladados allí sean reubicados en países en los que se respeten sus derechos.

Ante esto, cabría preguntarse: ¿por qué se aprobó un acuerdo que poco después se intenta revocar? La verdad, es que ya existían discrepancias, pero se dio el paso de firmar el convenio, después de que la propia Unión Europea calificase a Turquía como tercer país seguro.

La destitución de casi 3.000 magistrados, o lo que es lo mismo, de aproximadamente una cuarta parte del personal de la Magistratura, supone, en la práctica, la paralización de los tribunales, debiendo considerar dichas destituciones como y un ataque directo a la línea de flotación de la independencia del Poder Judicial, pilar básico de cualquier Estado de Derecho y que debería de ser capaz de garantizar la protección de los derechos humanos de todas y cada una de las personas.

Si a todo ello le sumamos, el hecho de que el gobierno de Turquía amplió el periodo de detención sin cargos de cuatro a treinta días, barajó la posibilidad de instaurar de nuevo la pena de muerte y suspendió el Convenio Europeo de Derechos Humanos, nos encontramos inmersos en un contexto, en el que el cumplimiento de las obligaciones legales del país en materia de refugiados no parece muy seguro. Sería, por tanto, una temeridad, enviar refugiados allí, si lo que se quiere es garantizar la integridad, la libertad y la propia vida de éstos.
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